El 27 de febrero de 2026, se publicó una tesis aislada en el Semanario Judicial de la Federación, en la que se declaró que la disposición de las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa (“Políticas de Pemex”), que impedía a Pemex celebrar nuevos contratos con personas físicas o empresas que tuvieran un litigio vigente contra Pemex y sus empresas, es inconstitucional. Ello, porque viola los principios de legalidad y seguridad jurídica.