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México forma parte de la Convención de Nueva York que ha estado en vigor desde el 13 de julio de 1971. México no hizo declaratoria alguna respecto a los artículos I, X, XI de dicha convención. México también forma parte de la Convención de Panamá sobre el Arbitraje Comercial Interamericano, así como la Convención Interamericana para la Validez Extraterritorial de las Decisiones y Laudos en el Extranjero (la Convención de Montevideo).

En la mesa redonda entrevistamos a 10 expertos sobre los cambios y novedades en el sector de Energía y Recursos Naturales.

De conformidad con las disposiciones legales que rigen al arbitraje comercial contenidas en el Código de Comercio y las Reglas de Arbitraje de la ICC, los laudos arbitrales son obligatorios y vinculantes para las partes y por tanto deben ser cumplidos sin demora.

En México, la práctica de competencia económica ha sido, desde su creación, una de las áreas más sofisticadas complejas en el Derecho Mexicano. Esto ha derivado en un importante número de modificaciones tanto en instituciones como en la legislación, la mayoría relacionados con incrementar los poderes de las autoridades de competencia económica y las sanciones para aquellos que violen la legislación de competencia económica en México, haciéndola una práctica sumamente ágil en nuestro país.

En México, a partir del 1 de diciembre de 2012 hemos contado con un administración recientemente electa, la cual es encabezada por el Sr. Presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ha mostrado su determinación para seguir desarrollando el mercado de la energía renovable en el país, posición que podríamos así también confirmar con la Estrategia de Energía Nacional de México (2013-2027) publicada recientemente por el Ministerio Federal de Energía (SENER).

En una decisión de 13 de julio de 2012, pero no publicada sino hasta febrero de 2013, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió que puede ordenarse la ejecución de una medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral sin otorgar previamente, a la parte afectada, garantía de audiencia.