La Presidenta de la República presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) que será analizada en los próximos días e introduce modificaciones significativas en la estructura institucional y los procedimientos administrativos.
Es importante destacar que esta iniciativa es independiente de la propuesta presentada en febrero de este año por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, la cual busca establecer una nueva ley en materia de competencia económica.
En el ámbito institucional, esta nueva reforma establece que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dejará de ser un organismo constitucional autónomo para integrarse al Poder Ejecutivo bajo la denominación de Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Asimismo, se reduce de siete a cinco el número de comisionados que conformarán el nuevo Pleno, el cual deberá estar integrado a más tardar el 30 de junio de 2025.
Se prevé que esta pérdida de autonomía constitucional no alterará la aplicación efectiva del régimen de competencia, ya que no sería la primera vez que la autoridad de competencia mexicana opere bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, existe el riesgo de que las decisiones puedan adoptarse con un enfoque más político que técnico.
Es importante señalar que las facultades en materia de competencia económica actualmente atribuidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) serán transferidas a la CNA, estableciendo de este modo una única autoridad de competencia económica en el país.
En materia de concentraciones, se modifican los umbrales de notificación obligatoria a la baja, con el objetivo de ampliar el número de operaciones sujetas a escrutinio por parte de la CNA.
En materia sancionadora, la iniciativa contempla un endurecimiento significativo del régimen de multas (que pueden imponerse como medidas de apremio o bien como sanción) mediante el incremento considerable de los montos aplicables y la introducción de nuevos supuestos sancionables. Paralelamente, se busca promover la presentación de querellas en materia penal y acciones colectivas.
En materia procesal, la reforma introduce importantes cambios que incluyen restricciones temporales para la presentación de solicitudes al programa de inmunidad en casos de colusiones y ofrecimiento de compromisos para terminar de manera anticipada procedimientos relacionados con prácticas monopólicas relativas. Como novedad destacada, se implementará un sistema de certificación de programas de cumplimiento de la LFCE, los cuales podrán ser valorados como atenuantes. Además, se reducen los plazos para diversos procedimientos, especialmente para la resolución de concentraciones, que pasarán de 100 a 50 días incluyendo ya la ampliación.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Durante el periodo de transición, es decir, mientras se integra el nuevo Pleno de la CNA, la COFECE y la IFT mantendrán sus funciones conforme al marco legal anterior.
Los procedimientos en curso continuarán su tramitación bajo la normativa vigente al momento de su inicio, con la salvedad de que se suspenderán temporalmente los plazos en los procedimientos de investigación relativos a prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la competencia, insumos esenciales y condiciones de mercado hasta que se integre el nuevo Pleno de la CNA. Los procedimientos de análisis de concentraciones no se suspenderán.
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