El nuevo marco incorpora la economía circular como eje de la política ambiental en México y establece nuevas bases para la responsabilidad extendida del productor, la valorización de residuos, el uso eficiente de recursos y la trazabilidad de materiales.
El 20 de enero de 2026 entraron en vigor la nueva Ley General de Economía Circular (“LGEC”), así como diversas reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”) y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (“LGPGIR”).
Este nuevo marco normativo busca impulsar la transición de un modelo lineal de producción y consumo hacia esquemas orientados a prevenir la generación de residuos, extender la vida útil de los productos, aprovechar de manera más eficiente los recursos y fomentar la reutilización, el reciclaje y la valorización de materiales.
Uno de los principales cambios es la incorporación de la Responsabilidad Extendida del Productor como eje del nuevo régimen. Bajo este principio, productores e importadores asumirán responsabilidades sobre determinados productos a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo su recuperación, valorización y eventual reincorporación a las cadenas productivas.
Las obligaciones concretas se desarrollarán mediante acuerdos generales que deberán definir, entre otros aspectos, los productos sujetos al régimen, las metas de cumplimiento, los plazos, indicadores técnicos y mecanismos de cumplimiento directo o indirecto. Estos instrumentos serán particularmente relevantes para los sectores productivos en los próximos años.
La LGEC también introduce conceptos y herramientas como el diseño circular, el análisis de ciclo de vida, las materias primas secundarias y el aprovechamiento circular, además de indicadores como las huellas de carbono e hídrica para evaluar el desempeño y orientar futuras políticas y obligaciones regulatorias.
Asimismo, se crea el Sistema Nacional de Economía Circular como mecanismo de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, y se encomienda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la elaboración del Programa Nacional de Economía Circular, que establecerá objetivos, metas, indicadores y líneas de acción para la implementación del nuevo modelo.
La Ley contempla también el Distintivo Nacional de Economía Circular para reconocer productos y procesos que cumplan con determinados criterios de circularidad, así como auditorías voluntarias en esta materia. El distintivo podrá generar ventajas competitivas, incluso en determinados procedimientos de contratación pública.
La entrada en vigor de la LGEC no sustituye los planes de manejo previstos en la LGPGIR. Ambos mecanismos podrán coexistir, aunque los planes existentes deberán alinearse progresivamente con los nuevos principios en materia de valorización, trazabilidad, circularidad y responsabilidad compartida.
Las reformas a la LGEEPA incorporan expresamente la economía circular al marco jurídico ambiental. Entre otros aspectos, reconocen el potencial de valorización de los residuos y refuerzan la obligación de aplicar criterios de sostenibilidad y circularidad en el aprovechamiento de recursos naturales y en el uso de materiales vírgenes.
Por su parte, la reforma a la LGPGIR amplía el concepto de aprovechamiento de residuos para incluir actividades como reutilización, remanufactura, rediseño, tratamiento, reciclaje y recuperación de materiales secundarios o energía. También actualiza el concepto de producto para reconocer el uso de materiales vírgenes y secundarios dentro de las cadenas de producción.
El nuevo marco refuerza además la relación entre gestión de residuos y cumplimiento ambiental. Las actividades reguladas deberán observar no solo la LGPGIR, sino también la LGEC y los acuerdos generales que se emitan en materia de Responsabilidad Extendida del Productor. Asimismo, se amplían los supuestos de infracción vinculados con incumplimientos en materia de economía circular, particularmente en la gestión de residuos peligrosos.
Aunque la LGEC ya se encuentra vigente, su aplicación práctica dependerá de la emisión de disposiciones secundarias, incluyendo su Reglamento, el Programa Nacional de Economía Circular y los acuerdos generales de implementación.
Para las empresas, este periodo representa una oportunidad para anticipar el impacto del nuevo marco mediante la revisión de cadenas de suministro, diseño de productos, uso de materias primas, planes de manejo, trazabilidad de materiales, procesos de valorización y mecanismos de recuperación posconsumo.
Von Wobeser y Sierra se encuentra a disposición para asesorar en el análisis e implementación de este nuevo marco regulatorio, así como en la evaluación de riesgos y oportunidades vinculados con economía circular, residuos y cumplimiento ambiental.
