La vía decide al juez: arrendamiento comercial y oralidad mercantil en la Ciudad de México
Un nuevo criterio jurisprudencial obligatorio establece cuándo las controversias derivadas de arrendamientos comerciales deben tramitarse ante los juzgados civiles de proceso oral de la Ciudad de México, con implicaciones para la estrategia procesal de arrendadores y arrendatarios.
El 6 de noviembre de 2026 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, cuya aplicación es obligatoria a partir del 9 de noviembre de 2026.
El criterio establece que las controversias derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles celebrados con propósito de especulación comercial deben presentarse ante los Juzgados de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, siempre que las prestaciones reclamadas sean de cuantía determinada o determinable y no exista una tramitación especial aplicable.
La resolución resulta relevante para arrendadores y arrendatarios de locales comerciales, oficinas, plazas comerciales y otros inmuebles destinados a actividades lucrativas, al precisar la vía procesal y el órgano jurisdiccional competente para resolver sus controversias.
Asimismo, distingue los supuestos que continúan bajo la competencia de los juzgados civiles de proceso escrito, entre ellos los arrendamientos que no tengan un propósito de especulación comercial, las controversias de cuantía indeterminada o aquellas sujetas a procedimientos especiales.
Desde una perspectiva práctica, el criterio hace necesario revisar la naturaleza comercial de los contratos, la determinación de las prestaciones reclamadas y la vía procesal correspondiente. Una elección incorrecta del órgano jurisdiccional puede dar lugar a cuestionamientos de competencia y retrasar la resolución del asunto.
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