El 4 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la “Corte”) inició el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana (“LFAR”), derivado de la acción de inconstitucionalidad 139/2019 promovida por Senadoras y Senadores de la República.
En su sesión del 4 de abril de 2022, la Corte invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR. Este artículo establece que los servidores públicos que hubieran tenido cargos de mando superiores y se hayan separado de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas privadas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada por un periodo de diez años.
La Corte invalidó esta restricción al considerar que la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º Constitucional, ya que impide que exfuncionarios presten libremente sus servicios en el sector privado.
La sentencia de la acción de inconstitucionalidad aún no ha sido publicada por la Corte toda vez que la discusión del asunto continuará durante la próxima sesión del Pleno de la Corte para analizar los demás artículos impugnados en esta acción de inconstitucionalidad.